La Guardia Civil ha centrado su investigación por sedición en las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, principales movilizadoras, junto con la Generalitat, del independentismo catalán. El instituto armado ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que permita investigar las finanzas de ambas organizaciones, lideradas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente.
En un atestado registrado el pasado viernes en la Audiencia Nacional, los investigadores de la Guardia Civil también han pedido a la magistrada que ordene a los Mossos d’Esquadra que identifiquen “a todos y cada uno de los agentes” del cuerpo policial autonómico que se enfrentaron con ellos mientras trataban de cumplir por la fuerza con el mandato judicial de impedir el referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre.
La Guardia Civil ha pedido a la magistrada que ordene a la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que bloqueen las cuentas y le faciliten “todas las informaciones y datos” que haya en sus archivos sobre las entidades. La petición es exhaustiva: cuentas, depósitos, préstamos, tarjetas de crédito, cheques, fondos de inversión, así como todos sus titulares y autorizados. También se reclama que se identifiquen las cuentas de origen y destino de las transferencias que hayan podido hacer las entidades soberanistas.
La Guardia Civil sitúa a ANC y Òmnium al mismo nivel en el aparato de movilización independentista que a la Generalitat de Cataluña. A sus líderes, les considera principales instigadores y mantenedores de las protestas que el 20 de septiembre trataron supuestamente de impedir que se ejecutara la orden judicial de actuar contra los preparativos del referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal Constitucional.
Sànchez y Cuixart están imputados por sedición junto con el comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo policial Teresa Laplana. La Guardia Civil ha extendido la supuesta sedición a los intentos de impedir su actuación el 1 de octubre. Ese día, según se recoge en vídeos incorporados a la causa, los agentes del instituto armado vieron cómo, además de ciudadanos congregados ante los colegios electorales para evitar su cierre, algunos agentes de los Mossos se les enfrentaron.
La Guardia Civil pretende que se identifique a todos estos agentes, así como a todos los mandos encargados de dirigir y coordinar el despliegue de los Mossos para cumplir con la orden judicial de paralizar el referéndum y ante el que actuaron, según la Guardia Civil, con notoria pasividad. El instituto armado pide a la juez que requiera todas las actas y atestados redactados por los Mossos el 1 de octubre y la información sobre operaciones de seguridad ciudadana y “control de masas” para evitar el referéndum en aquella jornada.
(Fernando J. Pérez, Óscar López-Fonseca, El País)
