Manuel Gómez dice al juez que a día de hoy no cree que las ayudas sociolaborales puedan considerarse subvenciones ilegales
El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez continuó ayer su declaración ante el tribunal que juzga a 22 excargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Gómez ratificó su declaración ante el Tribunal Supremo en 2015 cuando afirmó que los entonces consejeros Griñán, Francisco Vallejo y Antonio Fernández, de Hacienda, Innovación y Empleo, respectivamente, debieron recibir las alertas que envió para advertirles del procedimiento "inadecuado" de las transferencias de financiación para pagar, vía la agencia Idea/Ifa, las ayudas sociolaborales.
La aseveración la hizo al final de una larga comparecencia que empezó el pasado miércoles y concluyó al mediodía de ayer a preguntas del juez que preside el tribunal. Juan Antonio Calle Peña, que apenas ha interrogado a los acusados en lo que va de juicio, intervino para que fueran aclaradas algunas aparentes contradicciones del interventor, que apareció en la sala con muletas por problemas en sus piernas.
Entre ellas la de que Gómez siga suscribiendo que las transferencias no son un sistema "adecuado" para el pago de las ayudas, pero que no por ello se deben demonizar como un procedimiento ilegal. También defendió, en contra de otras declaraciones, que no considera, "con los ojos de hoy", que las ayudas sociolaborales deban ser consideradas subvenciones y por tanto sujetas a una concurrencia pública que no se dio.
Apeló al decreto de la Junta aprobado en 2012 como el que le dio la luz sobre ello, aunque también un real decreto de 2014 del Gobierno central sacó la misma conclusión. Dijo que podrían considerarse con el rango de los préstamos públicos, por lo que el control financiero no sería vinculante. Y criticó duramente a los peritos de la Intervención General del Estado, cuyo informe es la base de la acusación, para calificar de "exageración" sin argumentos que considerasen dichas ayudas nulas de pleno derecho.
Gómez mantuvo que no se emitieron informes de actuación o alerta de menoscabo de fondos porque ni él ni sus técnicos lo vieron.
(María Dolores Tortosa, 13/03/18, Ideal, p. 28)